La SIP calificó de antidemocrático al gobierno venezolano por cesar del aire a RCTV
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de antidemocrático al gobierno de Venezuela por sacar del aire a Radio Caracas Televisión (RCTV), tras una jornada maratónica vivida ayer en esta ciudad y en la que acompañó esta madrugada al personal del canal en sus estudios televisivos durante un emotivo acto en el que se desconectaron los equipos de transmisión segundos después de la media noche, culminando así con 53 años de labor ininterrumpida.
“Esta es a es una medida muy sencilla de calificar, se trata ni más ni menos de un acto de abuso de poder en el que desaparece la lógica”, indicó el presidente de la SIP, Rafael Molina, al iniciar ayer una conferencia de prensa sobre el cese de operaciones de RCTV. Hasta tempranas horas de este lunes, la jornada estuvo marcada por marchas a favor de la televisora independiente en varios barrios da Caracas y ciudades del interior, y por protestas progubernamentales en apoyo del cierre de la televisora.
Molina, director del diario dominicano El Día, expresó que más allá de las disposiciones administrativas y legales argumentadas por el gobierno y de las adoptadas por el Poder Judicial para negar el derecho de RCTV a continuar con sus operaciones, “vemos claramente como se ha consumado una medida de corte político y antidemocrática tendiente a cerrar un medio de comunicación que mantenía una línea editorial independiente que no era de la simpatía del gobierno”.
El presidente Hugo Chávez venía anunciando desde el pasado 28 de diciembre que el gobierno no renovaría la licencia del canal al adjudicarle acciones golpistas y subversivas. El sábado, el gobierno anunció que no daría marcha atrás sobre RCTV al tiempo que anunciaba la renovación de licencias para el otro canal privado Venevisión y a Venezolana de TV.
El viernes pasado, en una medida sin precedentes y carente de justificación legal, el Tribunal Supremo de Justicia asignó al nuevo canal oficial TVes la potestad para utilizar los equipos de trasmisión de RCTV, ordenando al Ejército la custodia de los mismos. TVes trasmite ya con los equipos propiedad de RCTV y en esa misma frecuencia. La SIP califica como abuso de poder el hecho de que el gobierno se haya auto asignado un canal de televisión sin mediar ningún proceso de oferta pública.
En su reunión ayer con los directivos de la SIP, Marcel Granier, presidente de RCTV, calificó de “discriminatoria” esas medidas y dijo que RCTV continuará peleando en los tribunales locales a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia le haya negado en los últimos días más de 10 recursos legales. Las autoridades del canal también indicaron que siguen procesos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP indicó que “estamos frente a un eslabón más de una estrategia global que demuestra claramente como el gobierno está tratando de controlar medios y limitando el derecho a la información del pueblo venezolano”.
De esa forma, Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, se refirió a la reforma constitucional, a la modificación del Código Penal y a la Ley de Contenidos, entre otras medidas, en las que se incluyeron acciones contradictorias con estándares internacionales sobre libertad de expresión y de prensa.
“No hemos venido a Venezuela tan solo para apoyar y solidarizarnos con los periodistas o con una empresa o medio de comunicación, sino porque esta medida lo único que hace es conculcar el derecho de todos los venezolanos a recibir y acceder a la información”, dijo Marroquín.
Antes de que finalizara la conferencia de prensa, ya el gobierno venezolano buscaba intimidar mediante represalias a aquellos canales y radios que reprodujeran las declaraciones de la SIP, puesto que consideró que se estaba incurriendo en “injerencia de la política interna de un país”, según María Díaz, directora de Responsabilidad Social del Ministerio de Comunicación e Información.
El ex presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada Cisneros, director del diario El Comercio de Lima, hizo paralelismos entre Venezuela y Perú al citar ejemplos de cómo la prensa había sido maniatada durante el gobierno de Alberto Fujimori. “Gracias a la prensa independiente y a las denuncias que hizo sobre corrupción es que Perú pudo de nuevo emerger hacia la democracia. No hay otra manera, sin medios independientes no puede haber verdadera democracia”.
La delegación de la SIP, también integrada por su director ejecutivo, Julio Muñoz y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti, mantuvo reuniones con autoridades del Bloque Venezolano de Prensa, en las que se trazaron estrategias de trabajo para mitigar los avances gubernamentales en contra de RCTV, contra otros medios de comunicación y de la libertad de prensa y de expresión en general.
Esta misión de la SIP es la novena efectuada en Venezuela durante el actual gobierno que se inició en 1999. Desde entonces, la SIP viene denunciando diferentes atropellos en contra de periodistas y de medios que tienen que ver con agresiones físicas, disposiciones ejecutivas, legales y judiciales que mermaron sustancialmente el libre ejercicio del periodismo en el país.
“Esta es a es una medida muy sencilla de calificar, se trata ni más ni menos de un acto de abuso de poder en el que desaparece la lógica”, indicó el presidente de la SIP, Rafael Molina, al iniciar ayer una conferencia de prensa sobre el cese de operaciones de RCTV. Hasta tempranas horas de este lunes, la jornada estuvo marcada por marchas a favor de la televisora independiente en varios barrios da Caracas y ciudades del interior, y por protestas progubernamentales en apoyo del cierre de la televisora.
Molina, director del diario dominicano El Día, expresó que más allá de las disposiciones administrativas y legales argumentadas por el gobierno y de las adoptadas por el Poder Judicial para negar el derecho de RCTV a continuar con sus operaciones, “vemos claramente como se ha consumado una medida de corte político y antidemocrática tendiente a cerrar un medio de comunicación que mantenía una línea editorial independiente que no era de la simpatía del gobierno”.
El presidente Hugo Chávez venía anunciando desde el pasado 28 de diciembre que el gobierno no renovaría la licencia del canal al adjudicarle acciones golpistas y subversivas. El sábado, el gobierno anunció que no daría marcha atrás sobre RCTV al tiempo que anunciaba la renovación de licencias para el otro canal privado Venevisión y a Venezolana de TV.
El viernes pasado, en una medida sin precedentes y carente de justificación legal, el Tribunal Supremo de Justicia asignó al nuevo canal oficial TVes la potestad para utilizar los equipos de trasmisión de RCTV, ordenando al Ejército la custodia de los mismos. TVes trasmite ya con los equipos propiedad de RCTV y en esa misma frecuencia. La SIP califica como abuso de poder el hecho de que el gobierno se haya auto asignado un canal de televisión sin mediar ningún proceso de oferta pública.
En su reunión ayer con los directivos de la SIP, Marcel Granier, presidente de RCTV, calificó de “discriminatoria” esas medidas y dijo que RCTV continuará peleando en los tribunales locales a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia le haya negado en los últimos días más de 10 recursos legales. Las autoridades del canal también indicaron que siguen procesos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP indicó que “estamos frente a un eslabón más de una estrategia global que demuestra claramente como el gobierno está tratando de controlar medios y limitando el derecho a la información del pueblo venezolano”.
De esa forma, Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, se refirió a la reforma constitucional, a la modificación del Código Penal y a la Ley de Contenidos, entre otras medidas, en las que se incluyeron acciones contradictorias con estándares internacionales sobre libertad de expresión y de prensa.
“No hemos venido a Venezuela tan solo para apoyar y solidarizarnos con los periodistas o con una empresa o medio de comunicación, sino porque esta medida lo único que hace es conculcar el derecho de todos los venezolanos a recibir y acceder a la información”, dijo Marroquín.
Antes de que finalizara la conferencia de prensa, ya el gobierno venezolano buscaba intimidar mediante represalias a aquellos canales y radios que reprodujeran las declaraciones de la SIP, puesto que consideró que se estaba incurriendo en “injerencia de la política interna de un país”, según María Díaz, directora de Responsabilidad Social del Ministerio de Comunicación e Información.
El ex presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada Cisneros, director del diario El Comercio de Lima, hizo paralelismos entre Venezuela y Perú al citar ejemplos de cómo la prensa había sido maniatada durante el gobierno de Alberto Fujimori. “Gracias a la prensa independiente y a las denuncias que hizo sobre corrupción es que Perú pudo de nuevo emerger hacia la democracia. No hay otra manera, sin medios independientes no puede haber verdadera democracia”.
La delegación de la SIP, también integrada por su director ejecutivo, Julio Muñoz y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti, mantuvo reuniones con autoridades del Bloque Venezolano de Prensa, en las que se trazaron estrategias de trabajo para mitigar los avances gubernamentales en contra de RCTV, contra otros medios de comunicación y de la libertad de prensa y de expresión en general.
Esta misión de la SIP es la novena efectuada en Venezuela durante el actual gobierno que se inició en 1999. Desde entonces, la SIP viene denunciando diferentes atropellos en contra de periodistas y de medios que tienen que ver con agresiones físicas, disposiciones ejecutivas, legales y judiciales que mermaron sustancialmente el libre ejercicio del periodismo en el país.
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